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La tragedia que se vivió entre marzo y abril de 2020 en la residencia de mayores Domus VI de Alcoy ha sido revivida durante ocho jornadas en los juzgados y está lista para ser sentenciada. De un lado, los familiares de parte de los 74 fallecidos por durante el estallido de la pandemia de Covid; de otro, la empresa gestora del centro y la aseguradora que cumple su posible responsabilidad. Para unos una "hecatombe" fruto de la falta de personal, la desorganización, los problemas de higiene y la escasa precaución que tomó el centro provocando una mortandad "masiva" que hubiera podido ser, al menos, paliada; para los otros la consecuencia de un virus entonces letal que atacó a residentes "muy frágiles".
Son ahora los magistrados del juzgado número 3 de Alcoy los que dictarán sentencia por la primera demanda civil interpuesta por las familias y la reclamación de indemnizaciones que pueden alcanzar los 2,3 millones de euros. Antes han escuchado el relato de médicos, geriatras, trabajadores y familiares sobre todo lo ocurrido.
La conclusión para las familias es que, como expresó su abogada en la lectura de su escrito, la mortandad "masiva" del 52,9% de los residentes (138) se debió a la "falta de higiene, personal y escasa precaución en las semanas iniciales del virus". "Fue negligente, se mire por donde se mire por la falta del deber de cuidado. Se priorizaba la economía de la empresa sobre el bienestar de los mayores", aseguró.
"Esta política desató la gran cantidad de contagios y causó el fallecimiento prematuro aunque se intente trasladar que (los mayores internos) iban a morir igual", añadió.
Así lo han testimoniado los testigos presentados a lo largo de las ocho jornadas por la acusación, en especial el responsable de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD), Manuel Pérez, que fue uno de los primeros en entrar al centro tras el estallido. Ancianos con los pañales rotos, por los pasillos o fallecidos en sus habitaciones sin que nadie se hubiera percatado fueron algunas de las escenas que el médico contó.
La escasez de médicos y gerocultores la constataron antiguos empleados y familiares, a lo que se sumó que se no siguieron protocolos básicos como "la sectorización" para separar a los internos en función de los síntomas. "Todos los residentes comían en la misma sala", ha puesto como ejemplo la abogada de los allegados, quien también ha apuntado que el protocolo establecía 60 horas semanales de atención médica cuando en realidad eran de 30, y sólo se reforzó a última hora a 40. "Se confiaron, no se lo tomaron en serio y cuando quisieron (reaccionar) era demasiado tarde, con una tasa de mortalidad masiva", destacó la abogada.
La empresa, por su parte, rechaza la mala praxis y la desatención. Sus peritos aseguraron que el virus arrasó el centro por la condición de "frágiles" de sus residentes, personas mayoritariamente dependientes y con demencias. Justificaron también que la derivación al hospital hubiera sido perjudicial para estos mayores, por el riesgo de los tratamientos invasivos, como entubaciones o respiraciones mecánicas, así como por el colapso que presentaban las UCI.
Los demandados trataron de desacreditar las acusaciones de falta de personal o negligencia, considerando "ofensivo e insultante que se atribuya el caos a no gastar". Además, giraron la mirada a los familiares, a los que acusaron en algunos casos "de personarse en la reclamación económica pese a no haber visitado a sus familiares en años".
También atacaron al jefe de la UHD, al que señalaron por no poder probar lo que aireaba en sus testimonios y no hacer otra cosa que trasladar a Sanidad las quejas por la praxis de la residencia mientras que desde la Conselleria se felicitó a la residencia, según han relatado las letradas, insistiendo en que siempre se siguieron los protocolos, que fueron el 16 de marzo de 2020 recomendar jabón y gel hidroalcohólico contra los contagios y el día 19 pedir la sectorización.
Para la aseguradora, la petición de los familiares de una indemnización de 2,3 millones es una cifra "escandalosa y ofensiva" porque no se ha demostrado, a su juicio, que hubiera "ni una sola negligencia o mala praxis" ni "causalidad" en cuanto a la alta mortalidad.
Los familiares no se han mostrado extrañados por esta postura. "Su estrategia es intentar desacreditar todos los testimonios y periciales. Ahora serán los jueces quienes decidan", aseguró José Luis García, portavoz de la Asociación de Familiares.